DE VAGOS Y VÍCTIMAS

Seis de cada diez uruguayos creen que las personas que reciben dinero del Estado son “vagos”. Esto según una encuesta conocida esta semana, sobre el sentir de los ciudadanos de América Latina, respecto a los planes de asistencia que muchos gobiernos de la región han enarbolado como bandera. La noticia agita la discusión acerca de este tipo de políticas y su futuro en una región que parece haber dejado atrás los bajos profundos de la crisis de hace una década.

Dos voces autorizadas agregaron combustible a esta polémica en los últimos días. Por un lado Pablo Da Silveira, docente y asesor de Luis Lacalle Pou, sostuvo que “Uruguay está invirtiendo mucho en políticas sociales con la cabeza de los 80. Hoy se hacen otras cosas en el mundo”. Y agregaba: “Tenemos un tipo de política que tiende a tratar la pobreza casi como a una cultura minoritaria a la que hay que proteger. Hay que tener inmenso respeto por los uruguayos pobres, pero a la pobreza hay que destruirla”. Y el gremialista Richard Read decía que “el asistencialismo es un elemento coyuntural porque hay gente a la que sacar del pozo. Si se mantiene en el tiempo no es asistencialismo, es otra cuestión”.

Que dos voces, casi en las antípodas del panorama político, tengan un mensaje tan similar, no deja de ser llamativo. Y muestra que existe un cambio en la sociedad en la materia. Pero no solo aquí. En Gran Bretaña, adonde la crisis europea se encuentra en su punto más álgido, el dirigente laborista Ed Miliband sacudió por estos días la interna de ese partido al criticar la estructura asistencialista. Dijo que “la confianza popular en los planes sociales se ha visto golpeada por la percepción de que hay gente que recibe mucho a cambio de nada”, reclamó mayores contrapartidas, y “proteger la dignidad del trabajo”.

El tema de las contrapartidas ha estado también en el centro de la discusión en Uruguay. Sobre todo por estas fechas, cuando el BPS anunció que suspendería el pago de unas 32 mil asignaciones familiares ya que los beneficiarios no cumplían con la obligación de mandar a sus hijos a clase. De hecho, ese ha sido uno de los reclamos principales que se han tenido a nivel político contra estos planes, casi a la par con la denuncia de que los mismos impactaban negativamente en el mercado laboral. En 2011, un informe del Ministerio de Trabajo advertía que el 80% de los inscriptos en el Programa Objetivo Empleo a los que se les ofreció un trabajo, lo había rechazado. El dirigente granjero Alberto Iglesias comentaba en un artículo publicado por El Observador que “las cuadrillas han sido diezmadas por el Mides” y que el miedo a perder la prestación hacía imposible conseguir mano de obra para recolección de frutas y verduras.

Otro perfil interesante de esta polémica se daba hace unos meses cuando el gobierno informó que si en 2011 no se hubiera transferido dinero a los más carenciados, la pobreza habría sido 16,8% en vez de 13,7%, y la indigencia habría alcanzado al 1,9% en vez de al 0,5% de los uruguayos. Ante esto, el economista Javier de Haedo sostuvo que lejos de ser un dato alentador, eso era síntoma de un problema grave. “Muchos de los que están apenas por encima de la línea de pobreza son perceptores de subsidios estatales. Si les sacás el subsidio, caen por debajo de la línea. El problema es que esa gente es dependiente del subsidio”.

En pocas palabras, lo que se está diciendo es que los planes sociales son clave, sobre todo cuando el país pasó una crisis tan dura como la del 2002. Pero que 10 años después, y con un desempleo del 6%, parecería lógico empezar a revisar su impacto, y su utilidad.

Esta visión es resistida con dos argumentos. El primero es que integrar al mercado formal de trabajo a gente que cayó en pozos de miseria y alienación, es algo que lleva tiempo. El segundo, que parte de sectores con esquemas ideológicos con profundas raíces marxistas, es que en el fondo los planes asistenciales no son más que una forma de justicia social, ya que implican sacarle dinero a quienes les va mejor, para dárselo a quienes no tienen tanta suerte. Y que por eso no se debería exigir contrapartidas, ni demasiados requisitos a cambio. Curiosamente, o no tanto, estos sectores, que tienen escaso peso político en la sociedad uruguaya, son los que han sido encargados de gestionar en los dos últimos gobiernos esas políticas de asistencia, alrededor de las cuales han montado una fuerte estructura burocrática. Que es además fuente de rédito electoral innegable, lo cual hace aún más difícil tanto su evaluación objetiva, como su eventual desarme.

La cuestión parece ser entonces en qué punto la sociedad uruguaya marcará el límite de lo que está dispuesta a financiar en esta materia. Y, sobre todo, en qué momento la clase política dejará de ver a las políticas sociales como una fuente de apoyo popular, y pasará a verlas como una carga.

Fuente: Martín Aguirre/El País – Opinión

7 Jul '13

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