USO DE PULSERA ELECTRONICA QUEDARÁ A CRITERIO DE CADA JUEZ

La decisión de utilizar las pulseras electrónicas para evitar situaciones de violencia doméstica, quedará a criterio de cada juez. Por lo que habrá jueces que promoverán su uso y otros que no. En este último caso, el abogado de la víctima de violencia doméstica podrá apelar la decisión para que defina un tribunal de apelaciones.

El debate quedó planteado por un grupo de jueces de Familia que se oponen a utilizarla. Así lo plantearon la semana pasada en la presentación de las pulseras, donde había representantes del Ministerio del Interior y del Poder Judicial. Algunos jueces de Familia plantearon que el sistema es estigmatizante y que la ley no lo permite.

Uno de los jueces presentes dijo que resultaría estigmatizante para el agresor que no podrá hacer algunas actividades como “ir a la playa” ya que la pulsera es visible. El agresor llevará un dispositivo GPS y una pulsera –que se puede usar en la muñeca o el tobillo–. Mientras que la víctima lleva un dispositivo GPS que tiene un botón de pánico.

La reacción de los jueces de Familia generó malestar en los ministros de la Corte ya que una comisión integrada también por jueces penales estudió durante meses el tema. Allí estaban presentes Jorge Larrieux y Ricardo Pérez Manrique. Ambos ministros señalaron en la reunión que no hay reparos legales al uso de esa tecnología.

El ministro Larrieux, dijo a El Observador que la Corte emitirá una circular para indicar que los jueces pueden empezar a utizar los dispositivos a partir del 25 de noviembre. Larrieux señaló que las pulseras son para “intentar proteger a la víctima y no al agresor”. “Esto, sin perjuicio de que quedará sujeto a la independencia técnica de cada magistrado”, afirmó. Agregó que si un juez se opone a usarla “se solucionará por la vía de los recursos” (de apelaciones) que cada abogado podrá presentar.

Además, se conformó otra comisión integrada por el ministro del Tribunal de Apelaciones penal, William Corujo; la jueza penal, Julia Staricco: y la jueza de Familia Especializada, María Emmenengger, a quienes se les encargó la tarea de estudiar la aplicación y también los aspectos legales.

La comisión elevará su informe a la Corte en los próximos días, pero ya adelantaron que entienden que no hay impedimentos legales para aplicar la tecnología.
Larrieux dijo que ya en el año 2003 se había estudiado el uso de medidas cautelares como las pulseras y se entendió que las normas lo habilitaban.

El articulo 9 de la ley de Violencia doméstica (17.514) establece que el juez de oficio o a petición de partes “podrá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal”.

A su vez, la ley 17.826 de medidas alternativas a la prisión permite al juez aplicar “cualquier otra obligación sustitutiva (de la prisión) propuesta por el procesado y aceptada por el juez, que cumpla con las finalidades de esta ley”.

La empresa Surely vendió el hardware, el software y la instalación del sistema al Ministerio del Interior, desde donde se controlará su uso. El ministerio podrá arrendar hasta 100 pulseras por mes.

US$ 1
millón. Es la inversión del Ministerio del Interior en la compra y arrendamiento del sistema de verificación y localización de personas en riesgo de violencia doméstica.
100
pulseras. En caso de utilizar las 100 pulseras disponibles –que se arrendarán– el Ministerio deberá pagar US$ 22.000 al mes.

CLAVES
El dispositivo podrá ser ordenado por los jueces penales y por los jueces de Familia especializada.
Los jueces penales la aplicarán luego de procesar a una persona por violencia doméstica como medida alternativa a la prisión.

Los jueces de Familia la utilizarán como “medida análoga” para proteger la vida de la víctima en la necesidad de alejar al agresor.

 

Fuente: El observador

17 Oct '12

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