INSTITUTO JURÍDICO CRISTIANO


INSTITUTO JURÍDICO CRISTIANO
 
El Instituto Jurídico Cristiano, Uruguay admite la necesidad de reconocer derechos patrimoniales a los concubinos. No obstante considera que ese reconocimiento no debe vulnerar los derechos de la familia legítimamente constituida, ni tampoco transgredir conceptos básicos del ordenamiento jurídico-social como lo es el de familia, que se corresponde con el concepto de familia legítima tal como es reconocido por las ideas y costumbres de la civilización cristiana occidental.
 
La ley Nº 18.246 no contempla en puridad el espíritu que el Constituyente estableció en nuestra Carta Magna al legislar sobre la familia:
No podemos ignorar el contenido de las actas de la Comisión de Constitución de la Convención Nacional Constituyente del año 1934 que a texto expreso señalan que el concepto de familia utilizado por el Constituyente en el actual artículo 40 de la Carta Magna es el concepto de familia legítima.
Señalamos expresamente el Acta Nº 39 de la referida Comisión (pág. 86) donde dice: “…Se considera el artículo 173 A del anteproyecto de la Subcomisión -actual artículo 40- que establece:  “El Estado velará por la salud física y moral y por el fomento social de la familia…”  Y luego agrega …” Se lee el siguiente inciso aditivo propuesto por el Dr. Vigo: “Cuando se trate de uniones irregulares, la ley determinará prudentemente el otorgamiento de este derecho (se está refiriendo al derecho de la familia de numerosa prole a ser auxiliada), con objeto de fomentar la organización legal de la familia”.  Inmediatamente el Dr. Stewart Vargas expresa que este artículo se refiere solamente a la “familia legítima”.
 
Por lo tanto no estamos de acuerdo con un acompasamiento de la norma a las transformaciones sociales, adaptando los preceptos constitucionales y legales a la continua evolución de la sociedad, haciendo decir al constituyente lo que no quiso decir.
 
En ese sentido expresamos que el reconocimiento de derechos patrimoniales a los concubinos no puede significar el menoscabo de los derechos adquiridos por los integrantes de la familia legítima.
De allí la necesidad de considerar la vigencia temporal, referente a los cinco años, únicamente a partir del 20 de enero de 2008 (fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 18.246).
 
Concluimos diciendo que el concubinato no constituye un estado de familia y en consecuencia no es posible asimilarle las prerrogativas que la ley otorga a la familia legítima.
 
Instituto Jurídico Cristiano
 
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1 Jul '08

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