LO INTRÍNSECAMENTE JUSTO


La resolución del actual gobierno de hacer caer las exoneraciones de aportes patronales que gozaban las iglesias, por ser instituciones religiosas, ha constituido un baldazo de agua fría para las comunidades evangélicas. Esta decisión unilateral, no anunciada ni comunicada con la suficiente antelación, pone en difícil situación a la mayoría de las iglesias, las cuales, ajenas al quehacer político, procuran cumplir su labor espiritual, evangelística y social; aquello que, entienden, es la misión, la razón de ser de la Iglesia. Una misión que es cumplida en la medida de las posibilidades de cada congregación, y que en la habitual desorganización territorial propia de un protestantismo multiforme en sus expresiones, incide en mayor o menor medida en la población de cada barriada.

La resolución unilateral de este gobierno nos obliga a manifestarnos, a opinar, a reflexionar sobre lo que implican ésta, y otras resoluciones, conductas y proyectos que nuestros gobernantes tienen en marcha; a riesgo de incursionar en un terreno en el que es atípico entrar para la mayoría de los cristianos evangélicos, el terreno de la opinión política. Porque no tenemos conciencia, quizás, de que cuando como cristianos hacemos oír la voz de lo que, entendemos, son los principios bíblicos sobre la vida, la familia, y otros aspectos del quehacer humano, para oponernos a lo que consideramos aberraciones que herirían de muerte a nuestra sociedad, hacemos oposición política; y al hacer, como cristianos, oposición política, tenemos participación política. ¿En cuánto incide esa participación nuestra? Depende de nosotros; depende de la medida en que cada cristiano evangélico se compromete con su fe, con los principios absolutos de la Palabra de Dios, y con la escala de valores éticos y morales cristianos. Principios y valores que creemos, y sabemos, harían a nuestra sociedad vigorosa y saludable, si fueran aplicados a conciencia, con auténtico y desinteresado amor, y sin la hipocresía individual y colectiva que siempre caracterizó a las naciones que decían ser cristianas. Depende de nuestro compromiso con tales principios y valores, y de que los vivamos y proclamemos en las tribunas públicas a las que tengamos acceso.

Oponernos al proyecto de ley que despenaliza el aborto, enarbolando el incontestable derecho a la vida del niño no nacido (sin olvidar la responsabilidad social, que también alcanza a las iglesias, derivada del incremento de población infantil en condiciones de penuria económica, fruto indirecto de la relajación de los hábitos sexuales), oponernos a ese proyecto, es tener participación política. Oponernos al proyecto de ley de regulación de la unión concubinaria, sosteniendo indeclinablemente, desde nuestro punto de vista cristiano, que el matrimonio es la única opción válida de vida en pareja y de constitución de una familia (sin olvidar que la familia básica y clásica, según las ideas y las costumbres de la civilización cristiana occidental, es la única célula saludable que podrá garantizar un tejido social sano y productivo), oponernos a ese proyecto, es tener participación política.

Pero esta participación política, inevitablemente, deviene en política de partidos; pues nos vemos obligados a oponernos a los proyectos, resoluciones y conductas de un partido: el de gobierno. Por eso es necesario que, teniendo en cuenta esto, nuestra participación se base en puntos doctrinales cristianos, y se aleje de todo partidismo de connotación electoralista; sobre todo teniendo en cuenta la proximidad del año electoral. Nos oponemos porque nuestros postulados sobre la vida y las relaciones humanas son atacados, y discriminadas nuestras ideas cristianas a favor de “transformaciones sociales” que no son sino el cortejo de síntomas del declive moral de la sociedad uruguaya de principios de siglo XXI.

En este contexto y con este panorama, no nos llama la atención la medida tomada por la Directiva del Banco de Previsión Social (BPS), en relación a la caída de las exoneraciones de aportes patronales que gozaran las instituciones religiosas. Acá parece haber algo más que otra manifestación de la voracidad fiscal de un gobierno que nos regaló la reforma tributaria que ya sufrimos. Si esta medida no afectara también a las sinagogas judías, tal vez entraríamos en la paranoia de considerar que se trata de medidas anticristianas. Pero podríamos no estar muy errados si especulamos que son ensayos de una política antirreligiosa en general, tanto en lo conceptual (proyectos de ley referidos), como en hechos concretos, tal cual esta medida del BPS. Esta especulación sería alentada si consideramos el retrofondo filosófico de la ideología sustentada por la izquierda.

¿Cuál es la respuesta adecuada que los cristianos evangélicos debemos dar a estos ensayos? Una posible forma de abrir la discusión es comenzar diciendo que la respuesta es y deberá ser, siempre, pacífica. Los cristianos evangélicos tendremos que recordar una de las máximas del gran adalid de la Reforma Protestante del siglo XVI, Martín Lutero, quién dijo: “mi conciencia está atada a la Palabra de Dios”. Que debemos dar respuesta, nadie lo duda; pero una respuesta “atada a la Palabra de Dios”. Es decir, en el marco que la Biblia establece acerca del adecuado relacionamiento entre los cristianos y los gobernantes de turno. El Nuevo Testamento es específico y categórico en cuanto a que el ciudadano debe estar sujeto a sus gobernantes (Romanos 13:1; Tito 3:1; 1 Pedro 2:13,14). Pero resulta interesante cómo, en algunos casos puntuales, se estimula la búsqueda por obtener aquello a que aspira la dignidad humana, y que los valores cristianos sancionan; por ejemplo en el caso de los esclavos (institución legal y socialmente aceptada en el Imperio Romano), el apóstol Pablo dice: “¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, aprovéchala” (1 Corintios 7:21). Es decir, sujeción según manda la ley, sin dejar de aspirar al derecho a la libertad, basado en el principio, de genuina raíz cristiana, de la igualdad de todos los hombres ante Dios. En otras palabras, aspirar a lo intrínsecamente justo.

Por lo tanto, respuesta pacífica de sujeción a lo legalmente instituido; pero no sumisión abyecta, ni obsecuencia servil. Como dice en Romanos 13:7: “Paguen a todos lo que deben: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra”. Es decir, los impuestos y tributos, hay que pagarlos; pero la honra, a quién la merece.
Entonces sujeción, pero sin abandonar la lucha por lograr que nuestras ideas y creencias sean tenidas en cuenta, a la hora de definirse las leyes que regularán la convivencia pacífica de todos en nuestra sociedad.
No al aborto.

No a este proceso que desdibuja la familia, a favor de “transformaciones” que llevarán a que nuestra sociedad se vuelva un engendro enfermizo, en el que no sea seguro vivir.

No a este martillazo sobre comunidades religiosas que realizan una actividad social, educativa y espiritual, movidas por una convicción y una fe que tiene como meta la superación y la felicidad del ser humano.

Que no nos confunda el gobierno con mercaderes religiosos, por todos conocidos, que especulan con la credulidad de la gente. Y que piensen nuestros gobernantes por qué la gente sigue necesitando creer en algo.

Y recordemos que en un estado de derecho como el que vivimos, la libertad de expresión es un derecho fundamental, inherente a un régimen democrático. En el caso de la Iglesia, este derecho se vuelve también un deber; el deber de proclamar el valor imperecedero de aquellas Palabras en las que los cristianos hemos depositado nuestra fe, y nuestra vida toda. Y eso debe hacerse, aún cuando el Espíritu de tales Palabras vaya a contracorriente de lo que dice el gobierno de turno.

“Juzguen si es justo delante de Dios, obedecer a ustedes antes que a Dios” (Hechos 4:19).

La sujeción a lo legalmente instituido, entonces, deberá acompañarse de la búsqueda, la adhesión, la obediencia y la entrega a lo intrínsecamente justo.

Dr. Alvaro Pandiani

Iglesia En Marcha.Net
5 Oct '07

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